EN PLENO VERANO, el Concello acaba de anunciar que la empresa municipal de turismo ya no es una prioridad y, ante los recortes presupuestarios sufridos, decide aplazar ‘sine die’ su constitución, que ya había sido propuesta para el año 2004 en el plan de excelencia turística de Lugo. El caso es que después de haber sido aprobados en pleno los estatutos de esta empresa y quedar más o menos diseñado el funcionamiento de un órgano con el que ya cuentan muchas ciudades con monumentos Patrimonio de la Humanidad, el gobierno local no ha sido capaz de implicar ni a empresas privadas ni a los hosteleros, ni se ha atrevido a poner en marcha en solitario el proyecto.
De esta forma, la política turística seguirá siendo una cuestión secundaria para una capital que no consigue sacarse el estigma de ser una ciudad de paso. Queda por saber si el Concello se unirá ahora al proyecto de patronato provincial de turismo propuesto en febrero pasado por el presidente de la Cámara de Comercio, Alfredo Mosteirín, y del que nunca más se volvió a saber.
Y es que en Lugo las políticas turísticas de las instituciones se desarrollan por separado y tanto la Xunta, como la Diputación o el propio Concello no coordinan actuaciones para tratar de mejorar la oferta a los visitantes y difundir mejor la riqueza cultural y ambiental de la capital y la provincia. De esta forma nos encontramos con que en pleno Año Santo, el Xacobeo diseña su propia programación, que en ocasiones se solapa con la prevista por los concellos.
Además, cuando se trata de organizar fiestas multitudinarias, como ocurre con el Arde Lucus y el San Froilán, los hosteleros del casco histórico, que son los más beneficiados por las avalanchas de visitantes, renuncian a participar en la financiación. Pues así nos va.

EL CAMINO PRIMITIVO ES EL GRAN OLVIDADO
Los cada vez más numerosos peregrinos que pasan por la capital lucense son unánimes al destacar la singularidad y belleza del Camino Primitivo, que sin embargo sigue siendo el gran olvidado por las instituciones. La falta de señalización, la escasez de albergues o las agresiones que sufren algunos tramos ya ha sido denunciada reiteramente por diferentes colectivos, por lo que se hacen necesarias no sólo actuaciones en este sentido sino también una mayor promoción.
Precisamente, el plan de excelencia turística de la capital lucense planteaba el Camino Primitivo como una prioridad en el diseño de nuevos productos, ya que no sólo la muralla tiene por qué ser el centro de atracción de visitantes. Porque si Lugo basa toda su oferta en el monumento romano se encontrará con lo que ha ocurrido hasta ahora, que los turistas se suben al monumento, se fotografían y siguen ruta hacia otro destino.

EL URBANISMO suele ser una cuestión de la que el ciudadano sólo se preocupa cuando sus propiedades o el entorno en el que reside se ven afectadas por decisiones políticas que pueden ser modificadas si los implicados hacen ruido y ponen nerviosos a quienes ocupan el poder.
Seis de esas asociaciones que suelen importunar a los políticos convocaron esta semana un foro en el que sacaron los colores a gobernantes de uno y otro color por haber generado problemas urbanísticos ante los que dicen que el ciudadano sufre una auténtica indefensión. Y es que a veces los gobiernos cambian, pero los conflictos permanecen y son pocos los dirigentes que se implican en su resolución, para no pillarse los dedos con asuntos donde los jueces pueden acabar exigiendo indemnizaciones u ordenando inhabilitaciones para cargos públicos.
El colectivo promotor fue la asociación en defensa del parque Rosalía, surgida a raíz de la urbanización de la finca de O Garañón anexa a las Cuestas y que llegó a recabar más de 12.000 firmas para exigir que no se construyan unos edificios que afearán el entorno de la zona verde más emblemática de la ciudad. Tras años de movilizaciones han logrado al menos que el promotor paralice los trabajos, una situación en la que seguramente ha tenido mucho más que ver la crisis que afecta al ladrillo que la voluntad de la empresa por negociar una solución.
Porque como quiera que los conflictos urbanístico que llegan a los tribunales tardan años en resolverse, cuando se ordenan los derribos, por regla general los propietarios ya son particulares que ocupan esos pisos y que están dispuestos a defender como sea sus hogares. Un colectivo de afectados por este tipo de sentencias son los vecinos de O Lodeiro, en Viveiro, donde el Tribunal Supremo ordenó tirar las 118 viviendas. Ellos representan la otra cara de ese urbanismo desordenado que documentos como el PXOM quieren impedir, aunque teniendo en cuenta las críticas contra el plan que se han generado antes de su aprobación definitiva, mucho nos tememos que la batalla urbanística acabe convertida en una guerra legal con graves consecuencias para las arcas municipales.

EL PXOM SIGUE PENDIENTE DEL APROBADO DE CULTURA
El BNG volvió a exigir esta semana al gobierno local que presente los cambios introducidos en el PXOM tras el informe negativo de la Xunta. La delegada de urbanismo, María Novo, respondió que la Consellería de Cultura todavía no envió sus objeciones al documento y que una vez se conozcan se introducirán y se convocará el pleno extraordinario para la aprobación definitiva del plan.

Millóns de traballadores españois -máis de catro xa o fixeron antes forzosamente- iniciaron unhas vacacións que este ano ben poderían ter o lema que popularizaron eses adolescentes fartos dos consellos dos seus pais carcas: «Non me ralles máis». Primeiro porque seguro que xa están ata a pucha de que lles recorden que estamos en crise, que hai que atarse o cinto, baixarse os soldos se se está na nómina da administración ou deixar para outro ano calquera compra que deixe a cero a conta de aforro. Segundo porque tampouco lles interesa saber se o Estado corre o risco de romper por un estatuto de autonomía catalán que o Constitucional tardou catro anos en corrixir, en todo un alarde de parsimonia xudicial. E terceiro porque xa non lles sorprende nada das tramas de corrupción que se adoitan tecer ao redor dos partidos que gobernan e que veñen demostrar que a democracia é un sistema tan agradecido que permite manter nos seus escanos aos que meteron a man no caixón.
Como moito, durante os días de asueto, os españois permiten que se lles «ralle» coas posibles fichaxes do seu equipo de fútbol ou sobre a última conquista do famoso/a de turno. E en setembro, xa falaremos.

Xa comezan a ser demasiados os exemplos que a diario nos atopamos na rúa ou na nosa contorna de persoas a quen o peor efecto desta crise, a falta de traballo, lles tocou de cheo. O goteo non para e aínda que é significativo o alto grao de optimismo que atesouran os que cada mañá se levantan co ánimo de deixar atrás ese obrigado parón, os rostros confesan unha desazón provocada pola desesperanza que supón ver que a maquinaria económica non acaba de arrincar.
O ministro José Blanco alertaba no programa de televisión La noria –é significativo ata onde teñen que acudir os políticos para tratar de salvar a cara– de que os sindicatos deben de pensar nos máis de catro millóns de parados antes de botarse á rúa a criticar a baixada de soldos dos funcionarios, aínda que o máis triste é que esta masa de españois sen futuro a curto prazo só lle serva ao Goberno para xustificar os seus plans de axuste.
O outro día alguén confesoume que se lle saíse un traballo en Istambul, para alá marchaba, porque xa nin sequera en Madrid vía posible darlle esquinazo á súa mala xeira. Se ninguén o remedia, os especuladores, corruptos e neglixentes van arrastrar outra xeración ao exilio laboral, cando en verdade deberían de ser eles os desterrados.

EL AJUSTE duro en las administraciones que acaba de ordenar Zapatero ha puesto en guardia a todos los gobiernos locales, entre ellos el lucense, que se prepara para trasladar a sus cuentas el efecto que provocará la prevista caída de los ingresos que llegan desde Madrid y Santiago. La medida más inmediata será ese recorte de los sueldos del personal del Concello, un capítulo que supone 31,5 millones de euros de los 92 que suma el presupuesto municipal de este año. El alcalde José López Orozco ya anunció que será el primero en ajustarse el cinturón rebajándose el salario, aunque éste será sólo un gesto de cara a la galería puesto que el auténtico problema de esta administración, al igual que el de otras muchas, es el exceso de gasto corriente, es decir, todo aquel que es improductivo y que no supone inversiones.
Muchos de ellos son imposibles de eliminar, puesto que son necesarios para mantener en funcionamiento el Concello, aunque sí que hay otros más prescindibles, entre los que se incluyen desde las dedicaciones exclusivas o la asignación para los grupos políticos, al personal asesor o los gastos en comidas, viajes o protocolo. La factura era asumible en época de bonanza económica, aunque el hecho de que haya engordado tanto la hace ya insostenible.
De momento los números aún son negros y el hecho de que Lugo haya conseguido reducir su deuda en los últimos años le da un mayor margen de maniobra, aunque el auténtico problema podría llegar con los presupuestos del próximo año, cuando sin planes de inversión del Estado —hay que recordar que del Feil de 2010, más de dos millones van dedicados a gasto social—; con el incremento de instalaciones municipales que requerirán de un mantenimiento y de más personal, y quizá con una caída de la actividad y con la subida del IVA que puede retraer los ingresos por impuestos municipales podría darse el caso de que el presupuesto municipal acabe dedicado sólo a pagar sueldos y facturas, y sin posibilidad de acometer inversiones. Claro que el problema es que el año que viene hay elecciones y ya se sabe que usar la tijera no suele dar votos.

LA PROTESTA DE MONFORTE PODRÍA IMITARSE EN LUGO
La espectacular manifestación organizada el jueves en Monforte en defensa de la sanidad pública y que congregó a entre 8.000 y 10.000 personas podría reproducirse en Lugo si se cumplen las amenazas lanzadas por la plantaforma Cidadanía e Saúde, que hará llegar a Feijóo y Farjas sus reivindicaciones contra el traslado del Centro de Especialidades y el cobro del párking en el nuevo hospital. De momento se han recogido 20.000 firmas y, aunque el PP se plantea asumir el coste político de estas impopulares medidas, una nueva protesta como la de Monforte podría hacer más daño del que se calcula.